La Corte Suprema falló a favor de la comunidad de Petorca. Asimismo revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y, Cabildo y La Ligua, estableciendo que el Estado tiene la obligación brindar por lo menos 100 litros de agua potable por persona.

Lo anterior se dio porque el Instituto de Derechos Humanos presentó un recurso legal de protección con la finalidad de optimizarla distribución y acceso del vital líquido a las personas de dichas comunas.

El abogado Carlos Bellei, Representante de la Institución, señaló  que es justo que cada ciudadano tenga el libre acceso al agua potable para el desarrollo de su vida, indicando que el Estado debe velar por los derechos que tiene cada habitante de conseguir este recurso hídrico.

El senador Juan Ignacio Latorre indicó que este falló marcará un precedente y apuesta que la constituyente garantice el acceso al agua, ya que considera absurdo que el ciudadano recurra a tribunales para garantizar algo que es un derecho básico.

Entre tanto Josefina Correa, Directora política de Greenpeace, manifestó que este es un logro para la masificación de los DD.HH y que demuestra un grave fallo en la actual constitución. Aunque lamenta que el Gobierno quienes toman las decisiones importantes del país no han llegado lo suficientemente lejos en materia de protección del territorio y la población de riesgo hídrico de Chile.

Finalmente, todos los sectores convergen unánimemente que la nueva constitución debe establecer el acceso al agua para las personas.

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